octubre 24, 2026

Incendios forestales en Perú: 12 muertos y más de 800 afectados ponen a prueba la respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori

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La mandataria supervisó desde el COEN las acciones contra los incendios forestales y reportó 385 siniestros en el año. La respuesta inmediata deberá complementarse con prevención, coordinación regional y transparencia sobre los resultados.

Por: Alessia Olortegui | Fecha de edición: 22 de octubre de 2026 | Sección: Actualidad / Ambiente

Keiko Fujimori supervisó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) las acciones del Gobierno para combatir incendios forestales en distintas regiones del país, en una visita reportada por la Agencia Andina el 11 de octubre de 2026. Según esa publicación, la mandataria recibió un balance de las operaciones y señaló que durante el año se habían registrado 385 incendios forestales, con focos activos en Cusco y Junín (Agencia Andina, 2026).

Durante la supervisión, Fujimori indicó que se habían desplegado dos helicópteros en Cusco y que un avión Spartan equipado con cajas de agua sería utilizado para apoyar las labores de control. La información difundida por Andina atribuye al Ejecutivo la coordinación de aeronaves y autoridades encargadas de atender la emergencia. Estos anuncios describen medidas de respuesta; por sí solos, no permiten evaluar si fueron suficientes ni cuánto territorio se logró proteger.

Qué se sabe de la actuación de Fujimori

La actuación documentada en la fuente consultada es una visita de supervisión al COEN, la recepción de reportes y la comunicación de recursos desplegados para combatir los focos activos. Para evaluar su gestión de manera completa es necesario contrastar esos anuncios con reportes operativos posteriores: incendios extinguidos, tiempo de respuesta, comunidades atendidas, recursos utilizados y superficie afectada.

La distinción es importante: supervisar una emergencia no equivale, por sí mismo, a demostrar que la respuesta fue eficaz. Una evaluación periodística rigurosa debe separar las declaraciones oficiales de los resultados medibles y consultar también a las autoridades regionales, brigadistas, especialistas forestales y pobladores afectados.

Una emergencia que exige datos comparables

Los incendios forestales no son un problema aislado de una sola temporada. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que en 2024 se habían registrado 1.754 incendios forestales hasta el 25 de noviembre. En ese balance reportó 63.710,38 hectáreas de cobertura natural destruida, 14.971,57 hectáreas de cultivos perdidos, 285 personas heridas y 35 fallecidas (INDECI, 2024). Se trata de cifras de 2024 y no deben confundirse con el balance parcial de 2026.

Las cifras de años distintos permiten dimensionar la persistencia del riesgo, pero no son suficientes para establecer por sí solas si una gestión es mejor o peor que otra. Para comparar resultados se requiere utilizar periodos equivalentes y definiciones consistentes, además de distinguir entre alertas satelitales, incendios confirmados y eventos registrados por los sistemas de emergencia.

Respuesta inmediata y prevención a largo plazo

El despliegue de helicópteros y aeronaves puede resultar decisivo cuando el fuego amenaza comunidades o zonas de difícil acceso. Sin embargo, el combate directo es solo una parte de la política pública. La prevención incluye alertas tempranas, capacitación, equipos para brigadas, coordinación con gobiernos regionales y locales, investigación de causas y alternativas a las quemas agrícolas.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) ha advertido en sus reportes institucionales sobre el impacto de los incendios en la cobertura natural y la necesidad de reforzar acciones preventivas. La Defensoría del Pueblo también examinó la respuesta estatal durante la emergencia de 2024 y documentó impactos sobre la vida, la salud y el ambiente (Defensoría del Pueblo, 2024). Estas fuentes ayudan a ampliar el análisis más allá de los anuncios del Ejecutivo.

Qué preguntas deben responder las autoridades

Para que la supervisión política se traduzca en rendición de cuentas, el Gobierno debería publicar balances periódicos que indiquen cuántos incendios siguen activos, cuáles fueron extinguidos, qué recursos se desplegaron, cuánto tardó la atención y qué comunidades recibieron asistencia. También resulta relevante conocer el presupuesto destinado a prevención y respuesta, así como los resultados de las investigaciones sobre el origen de los siniestros.

La información debe ser verificable y comparable. Un conteo general de incendios no sustituye los datos sobre superficie afectada, personas damnificadas, daños a cultivos, afectación de fauna y recuperación de ecosistemas. La publicación de esos indicadores permitiría a la ciudadanía evaluar los avances y detectar las zonas donde persisten brechas de capacidad.

El reto de la gestión ambiental

La visita de Fujimori al COEN constituye una acción oficial de supervisión reportada por la prensa estatal. Para determinar su impacto real, será necesario seguir los resultados de las operaciones anunciadas y contrastarlos con información independiente. El desafío no termina cuando se apaga un incendio: también exige reducir las condiciones que favorecen nuevos siniestros y apoyar a las comunidades que dependen de los ecosistemas afectados.

La pregunta central es si las medidas de emergencia se convertirán en una estrategia sostenida de prevención, preparación y recuperación. La respuesta deberá sustentarse en datos públicos, seguimiento territorial y testimonios de quienes enfrentan directamente las consecuencias del fuego.

Voces ciudadanas: qué piden los peruanos ante los incendios

Para contrastar la supervisión oficial con la percepción ciudadana, se realizaron entrevistas de calle en Lima el 22 de octubre de 2026 (fuente propia, video).

Omar señaló que Keiko Fujimori «debería plantear políticas para que los gobiernos regionales se organicen y poder abordar la problemática con los bomberos de la zona y con la gente de la zona». Agregó que le gustaría ver «lineamientos claros para que estas cosas no vuelvan a suceder» y «un protocolo claro que seguir y financiamiento para este tipo de cosas» (entrevista personal, 22 de octubre de 2026).

Una ciudadana entrevistada en la vía pública indicó que «debería actuar de inmediato». Recordó que existe un presupuesto destinado al fenómeno de El Niño y que se debió prever «un fondo de emergencia para actuar». Señaló que las instituciones municipales «han estado actuando de manera precisa, pero no es lo suficiente, necesitan una ayuda de mayor magnitud» (entrevista personal, 22 de octubre de 2026).

Otro joven expresó que la mandataria «debería pronunciarse más transparentemente al respecto» y consideró que «no está gestionando bien». En su opinión, «no es un gobierno idóneo» y, respecto a los incendios, «más brilla por su ausencia» (entrevista personal, 22 de octubre de 2026).

Estos testimonios ilustran demandas de coordinación con gobiernos regionales, acción inmediata con fondos de emergencia, mayor transparencia y protocolos para evitar la repetición de los siniestros.

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