La Sombra del Crimen Organizado: La extorsión y la violencia desmedida reemplazaron al ‘Robo al Paso’ en el Perú
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La Sombra del Crimen Organizado: La extorsión y la violencia desmedida reemplazaron al ‘Robo al Paso’ en el Perú

El delito en Perú en los últimos años ha escalado a una crisis estructural. La expansión de la extorsión y la violencia extrema, impulsada por bandas nacionales e internacionales, obliga a los peruanos a estar alerta y buscar la protección que la seguridad del Estado no logra garantizar.

La Inseguridad como Crisis Nacional y Estratégica

La inseguridad ciudadana se ha transformado en un fenómeno mucho más peligroso que el simple hurto. Hoy, el crimen en Perú se define por la violencia extrema, la planificación organizada y la impunidad. Este cambio ha convertido al delito en un negocio altamente rentable para bandas criminales que operan con estructuras jerárquicas y tecnológicas.

Las estadísticas oficiales reflejan esta alarma: el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025) confirma que la tasa de victimización en el área urbana se mantiene en niveles altos, lo que consolida la inseguridad como la principal preocupación de los peruanos. Este miedo generalizado se agrava por una alta tasa de no denuncia, un reflejo directo de la desconfianza en el sistema de justicia y la percepción de que la ley no castiga correctamente a los delincuentes.

La Expansión Letal: Extorsión y Violencia Desmedida

La principal evidencia de la crisis actual es como el crimen ha escalado a una estrategia de guerra, empleando modalidades que requieren alta coordinación y uso de la fuerza letal. El Observatorio del Crimen y la Violencia (BCP/CHS, 2025) documenta la escalada. Este reporte subraya un aumento drástico en las denuncias por extorsión en los últimos años. Esta modalidad ha dejado de ser regional para convertirse en una plaga nacional, afectando tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas, con la conocida modalidad de préstamo «gota a gota» con amenazas directas. La extorsión se ha consolidado como el motor económico del crimen.

Paralelamente, se observa una mayor letalidad en las calles. El incremento de los homicidios ligados al crimen organizado y al sicariato demuestra que las bandas ya no actúan solo para robar, sino que están dispuestas a ejecutar para mantener el control territorial o cumplir con sus objetivos.

Infiltración y Marcaje

El crimen organizado se alimenta de la información y la vulnerabilidad. Incluso en zonas de menor incidencia delictiva, la estrategia ha cambiado del asalto espontáneo a la infiltración estratégica y el marcaje a “objetivos de alto valor».

Este patrón de «delito de inteligencia» se evidencia en la primera línea de seguridad urbana. El señor Jhonny, un portero con experiencia en seguridad en un barrio residencial de Surco, validó esta tendencia nacional. Su trabajo además de cuidar el edificio, ahora es estar alerta de la infiltración a través del engaño (falsos deliverys o falsos trabajadores), pues el delincuente busca acceder a datos sensibles o al hogar sin usar la fuerza. «El peligro es que los delincuentes ya no entran a la fuerza, buscan una puerta abierta a través del engaño,» explica Jhonny.

La amenaza se dirige al factor humano, donde el crimen busca extorsionar al personal de confianza (trabajadores del hogar, choferes) de las víctimas para obtener información vital de ellos. Esto demuestra la astucia con la que las organizaciones están operando en todo el Perú.

La Respuesta Ciudadana y el Desafío del Estado

Ante la magnitud del problema, la ciudadanía se ve obligada a buscar autoprotección, apoyada en gran medida en la tecnología. El uso de grupos de WhatsApp de ‘alerta vecinal’ y la inversión en seguridad privada se han convertido en la principal línea de defensa, con una capacidad de respuesta muchas veces más rápida que la policial.

La crisis de seguridad en Perú, impulsada por la complejidad operacional del crimen organizado, demanda un despertar institucional que va más allá de los discursos y las soluciones temporales. La elección que enfrenta el Estado no es si debe o no combatir el crimen, sino si está dispuesto a asumir el costo de desmantelar estas estructuras criminales desde sus raíces, o si permitirá que la violencia extrema se consolide como la nueva norma de convivencia en la nación.

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