La violencia de género es, actualmente, uno de los problemas sociales más persistentes que enfrenta el Perú. A pesar de las regulaciones, campañas y presencia constante del tema en medios de comunicación, el número de feminicidios en el país no deja de aumentar, poniendo en clara evidencia las fallas en la estructura de los métodos que se están utilizando para intentar prevenir estos crímenes. Según informes del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, el Perú se encuentra en el sexto puesto con más feminicidios al año en América Latina. Lamentablemente, esta realidad solo resalta la constante amenaza con la que viven las mujeres del país.
La violencia de género y los feminicidios no son un accidente, y mucho menos un hecho aislado; son una consecuencia directa de una cultura que promueve la desigualdad, valida estereotipos de género y minimiza, en varias ocasiones, los actos violentos que sufren las mujeres. El INEI indica que más del 60% de las mujeres peruanas han sufrido algún tipo de violencia, ya sea por su pareja actual o ex pareja. Ese porcentaje tan elevado es una cifra alarmante y evidencia que la violencia no solo se limita a casos extremos, puesto que puede manifestarse de muchas formas. Tan solo algunas de ellas son la violencia física, sexual, psicológica, económica, laboral, familiar, y las opciones, lamentablemente, se extienden.
Las cifras confirman la emergencia nacional
De acuerdo a un reporte de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre del año 2023 se registraron 137 casos de presunto feminicidio y 85 feminicidios consumados. De estas cifras, al menos 10 de las víctimas fueron niñas menores de 17 años. El documento revela que en más del 60% de estos casos, las víctimas habían denunciado o reportado a sus agresores y no recibieron la ayuda requerida, evidenciando la falla del sistema de protección, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de estos ataques fueron efectuados por entornos cercanos de las víctimas, es decir: parejas, ex parejas, familiares o vínculos directos con la familia.
Está de más decir que estos ataques fueron reportados en todas las regiones del Perú y que no se trata de un caso aislado ni de un área geográfica exclusiva. El problema afecta a todo el país. Un estudio del IDEHPUCP señala que muchas veces las respuestas del Estado se limitan a castigar a los agresores, sin intentar abordar las causas estructurales ni establecer políticas o medidas de prevención o protección. La falta de presupuesto, personal capacitado y voluntad deja a las víctimas en una situación de constante riesgo, sin acceso real a justicia por los ataques sufridos.
Insuficiencia en los sistemas de atención
Las mujeres que reúnen la valentía para reportar estos casos, lamentablemente, se enfrentan a múltiples obstáculos con las instituciones que dicen querer ayudarlas. Desde la revictimización en comisarías hasta los procesos judiciales ineficientes y largos, el proceso de recibir ayuda y obtener justicia termina convirtiéndose en una situación tortuosa para las víctimas. Los Centros de Emergencia Mujer, aunque hacen lo que pueden, no cuentan con el alcance ni presupuesto necesarios para cubrir la demanda nacional. La situación se agrava en zonas rurales o de difícil acceso, ya que la gran mayoría de estas mujeres no son capaces de reportar su situación por factores como miedo, desconocimiento o falta de apoyo de las autoridades locales. Estas carencias de recursos exponen a las víctimas a una situación constante de riesgo.
El acceso a servicios de salud mental o atención psicológica también es bastante limitado, impidiendo así la recuperación integral de las sobrevivientes. A esta problemática se suma la falta de políticas públicas que promuevan la educación con un enfoque de género, una herramienta clave para prevenir los actos violentos desde la infancia. La falta y, en varios casos, inexistencia de programas educativos integrales solo contribuye a que los roles de género tradicionales perduren, “justificando” o neutralizando así la violencia.
Urge una respuesta colectiva y consecuente por parte del Estado
La lucha contra el feminicidio no debe ser un trabajo exclusivo del movimiento feminista ni de las víctimas y sus allegados. Se trata de una responsabilidad del Estado, la sociedad civil, el sistema educativo y los medios de comunicación. Es urgente implementar una transformación profunda en los discursos, las leyes y las prácticas sociales que sostienen la desigualdad de género cuando de justicia se trata. Es vital que se promueva el arquetipo de la masculinidad no violenta, que se fomente la protección de las víctimas y se sancione con firmeza a los agresores.
Movimientos como Ni Una Menos han puesto el tema bajo el ojo público, pero la acción estatal no puede quedar sólo en declaraciones. Se necesitan políticas articuladas y detalladas, presupuesto suficiente y un compromiso político real. El feminicidio no es un destino inevitable, es el resultado de la falta de acción, y mientras el Estado no actúe, el Perú seguirá siendo un país peligroso para las mujeres.
Deja una respuesta